MARIA NELA RAMIREZ NUÑEZ - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP - CATEDRA DE FUNDAMENTOS SOCIOLOGICOS
MANUEL CASTELLS
Manuel Castells (nacido en 1942, en Hellín, España) es un sociólogo, economista y profesor universitario
reconocido mundialmente por sus estudios sobre la sociedad de la información, la comunicación y
las redes.
La relevancia de su pensamiento para la administración pública radica en que permite comprender los retos que enfrentan las instituciones en un mundo interconectado, donde la legitimidad y la eficacia dependen en gran medida de la capacidad para gestionar la información y fomentar la participación ciudadana. Así, las ideas de Castells ofrecen herramientas para analizar cómo las redes digitales pueden fortalecer la transparencia, mejorar la gestión de recursos y abrir espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad, contribuyendo a una administración pública más democrática y cercana a los ciudadanos.
Manuel Castells, redes digitales, movimientos sociales y gestión pública participativa.
Manuel Castells sostiene que vivimos en una sociedad red, donde las tecnologías digitales reorganizan la economía, la política y la cultura. En este contexto, los movimientos sociales encuentran en internet y las redes digitales un espacio para difundir mensajes, coordinar acciones y presionar a los gobiernos. Esto tiene un impacto directo en la gestión pública participativa, que debe adaptarse a nuevas formas de diálogo y exigencia ciudadana.
En la actualidad, resulta imposible comprender la política y la gestión pública sin considerar el papel que juegan las tecnologías digitales. El sociólogo Manuel Castells, en su teoría de la sociedad red, sostiene que las dinámicas sociales, culturales y económicas de nuestro tiempo se articulan a través de redes de comunicación interconectadas a escala global. Esta perspectiva resulta clave para analizar cómo los movimientos sociales, apoyados en las redes digitales, han transformado la manera en que los gobiernos gestionan la participación ciudadana.
Uno de los principales desafíos identificados por los autores es la tensión entre la burocracia tradicional y las exigencias de un Estado moderno, más transparente y orientado a resultados. Esto significa que el servidor público debe enfrentar problemáticas históricas como la corrupción, el clientelismo o la ineficiencia administrativa, al tiempo que responde a nuevas demandas de participación ciudadana, rendición de cuentas y equidad en la gestión pública. La responsabilidad, por tanto, no se limita al cumplimiento formal de normas, sino que exige una actitud ética en la toma de decisiones y en la gestión de recursos. El servidor público debe garantizar que sus acciones beneficien al interés general, y no a intereses particulares o políticos. Además, debe adaptarse a contextos cambiantes, aprovechando herramientas de innovación y tecnología para mejorar la relación entre Estado y sociedad.
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